Una de las escasísimas, si no la única, consecuencias positivas de la pandemia ha sido potenciar el debate y la reflexión acerca de la necesidad de emprender acciones formativas destinadas a desarrollar la Competencia Digital tanto de la ciudadanía en general como de los docentes, de manera especifica y diferenciada.
Como hemos constatado en los últimos dos años, el escenario derivado de la emergencia sanitaria ha potenciado la interacción social y personal a través de internet y ha fomentado el teletrabajo y la educación online como medida de prevención y protección frente a la COVID-19. Y, de repente, hemos descubierto no solo los problemas estructurales que llevábamos tiempo arrastrando, sino, y esto es más preocupante, las enormes dificultades de una gran parte de la ciudadanía para desarrollar su actividad cotidiana (trabajo ocio, educación, compras, etc.) a través de una pantalla en una sociedad cada vez más tecnologizada, pero con insuficiente alfabetización digital y escasas destrezas necesarias para una participación plena en los nuevos modelos de sociedad, que pasan, cada vez en mayor medida, por ser competente digitalmente. Esta situación ya está generando una nueva forma de exclusión social de importantes grupos poblacionales que se encuentran al otro lado de las diversas brechas digitales: jóvenes frente a mayores, entorno urbano frente a entorno rural o capacidad económica de acceso a medios y recursos frente a pobreza tecnológica.
Prueba palpable de ello son la asimilación en nuestra realidad cotidiana de términos como fake news o “desinformación”, que dan cuenta de esta falta de conciencia crítica en el acceso y filtrado de información digital de importantes sectores poblacionales, o la falta de formación sobre la gestión de nuestra información personal en internet (datos, imágenes, etc.) y sobre el rastro que vamos dejando de manera casi permanente, la llamada “huella digital”, que genera importantes problemas relacionados con nuestra privacidad y seguridad.
Desde las instituciones europeas, nacionales y autonómicas se han puesto en marcha campañas destinadas a paliar estas carencias mediante la definición del concepto de Competencia Digital, mucho más amplio, como hemos apuntado, que el simple manejo de determinadas herramientas digitales. Así, desde Europa se desarrolló el Marco europeo de competencias digitales DIGCOMP, destinado a definir los espacios de actuación en torno a la Competencia Digital y a establecer prioridades de alfabetización digital para la ciudadanía. En España, la adopción de este marco ha servido de base para la puesta en marcha de diversos programas estratégicos, destinados a desarrollar estas capacidades digitales de la población, como el Plan Nacional de Competencias Digitales o el Plan España Digital 2025. A nivel autonómico, y siguiendo las líneas anteriores, encontramos el Marco Valenciano de Competencias Digitales Digcomp_CV que sigue de cerca los postulados teóricos del marco europeo, adaptándolo a la realidad más inmediata.
En este contexto, se hace ineludible introducir la Competencia Digital como una de las competencias curriculares indispensables en la formación de los futuros docentes, algo que se recoge en las competencias básicas establecidas desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional y que se desarrolla, posteriormente, en la legislación autonómica. Tomando como punto de partida, una vez más, las directrices europeas contenidas en el Marco Europeo para la Competencia Digital de los Docentes (DigCompEdu), que establece seis niveles de destreza, imitando el modelo establecido para los marcos referenciales de aprendizaje de segundas lenguas, en España se establece el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente, y se articulan, a través del INTEF, diferentes recursos para la certificación digital de los docentes, pese a que no tienen repercusión oficial en el currículo profesional docente.
El problema de fondo es que, más allá de una declaración de buenas intenciones, el marco legislativo y normativo no concreta cómo se debe actuar para obtener resultados eficaces y se fía todo a la predisposición y voluntariedad de los docentes de los diferentes niveles educativos, carentes, en muchos casos, de la formación adecuada para integrar estos contenidos transversales en sus materias docentes.
Desde una perspectiva académica, relacionada con nuestra actividad como docentes o futuros docentes, la situación es, si cabe, más complicada. En primer lugar, solo hay formación en Competencia Digital Docente en las especializaciones de los Grados de Maestro/a en Educación Primaria, pero se trata de itinerarios específicos, excluyentes con otras especialidades. En segundo lugar, no hay ningún tipo de asignatura o formación transversal que permita dotar, al menos, de algunos rudimentos a estudiantes de otras especialidades u otras titulaciones en las que el concepto ni siquiera existe. Es más, en los másteres habilitantes para docente de educación secundaria la Competencia Digital Docente, pese a ser una necesidad imperiosa, no aparece como tal y, nuevamente, se deja todo en manos de la capacidad y buena disposición de los docentes que lo imparten.
Desde la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia se intenta revertir esta situación ofreciendo a los egresados la posibilidad de cursar un Diploma de especialización en Competencia Digital Docente, que permita a los futuros docentes afrontar sus retos profesionales con una formación adecuada y acorde a las nuevas realidades de las aulas. Con todo, y pese a los esfuerzos a título personal de los docentes implicados, esto no es suficiente, porque esta formación es voluntaria y no está integrada en los estudios de Grado, lo que nos sitúa ante un escenario complejo en el que resulta enormemente dificultoso conseguir una capacitación solvente y de calidad en Competencia Digital Docente, tal y como se evidenció en los momentos más duros del confinamiento vivido en 2020.
La solución, o una parte importante de ella, debería pasar por la coordinación formativa entre la Universidad de Valencia —a través de la Facultad de Magisterio, el Máster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria y el Servicio de Formación Permanente e Innovación Educativa (SFPIE) — y los Centros de Formación, Innovación y Recursos Educativos de la Comunidad Valenciana (CEFIRE). Solo de este modo se podría articular una batería formativa solvente y continuada, para todos los niveles educativos, con las correspondientes certificaciones académicas, lo que redundaría en beneficio de toda la comunidad educativa, de modo particular, y de la ciudadanía, en general.
Héctor H. Gassó
Hector.Hernandez@uv.es